El conjunto opositor de derecha que está identificado como Grupo A encontró un argumento para correr por izquierda al gobierno nacional. Pero a la hora de hablar de números nadie plantea cómo podría implementarse.La oposición de derecha en el Congreso, nucleada en el llamado Grupo A, pareciera haber encontrado un eje político que la saque de su propio laberinto: ajustar el valor del piso jubilatorio al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil. El gobierno ha reaccionado tajantemente negando esa posibilidad. La paradoja es que si quienes hoy proponen esa modificación estarían en el gobierno casi con seguridad también dirían "no se puede".
Efectivamente distintos proyectos presentados en el parlamento lograron consensuar una síntesis que plantea modificaciones tanto al valor de la jubilación mínima como a la movilidad jubilatoria. Impulsada por diversos bloques de oposición, incluida la centroizquierda no oficialista, lo propuesto ya tiene dictamen de comisión y por lo tanto está habilitado para su tratamiento, algo por demás esperado en medio siglo.
Antecedentes
En la historia del sistema jubilatorio argentino hay que remontarse a 1958 para encontrar allí por primera vez, ya que ni la primera ley jubilatoria de 1904, ni el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que sin embargo sí habla de pensiones y jubilaciones móviles, establecían porcentaje alguno. Fue en el gobierno desarrollista de entonces que se establece el ahora mítico porcentaje. Sin embargo la ley que lo impuso, que alcanzaba al conjunto de las jubilaciones no sólo a las mínimas como se discute ahora, no tuvo en cuenta necesarias modificaciones al sistema para garantizar el financiamiento. Pocos años más tarde una oleada de juicios puso en jaque al sistema. Conviene recordar que en la década que va de 1944 a 1954 el porcentaje de trabajadores con cobertura previsional pasó del 7 a casi el 100 por ciento. Y es recién en ese último año que se deja sin efecto el sistema de "capitalización" y se ingresa al de "reparto.
En 1966 la dictadura de entonces dispone la inembargabilidad de los fondos previsionales. No conforme con esto un año después impone un ajuste a todo el sistema: incremento de los aportes y de la edad jubilatoria, nuevas formas de calculo de haberes, se limita el 82 por ciento a pocas actividades, y en general se coloca este porcentaje como tope jubilatorio y no como piso, tal como lo establecía la idea original.
A partir de esa fecha la crisis del sistema no tiene solución de continuidad y adquiere un carácter estructural. Son puntos culminantes la privatización del sistema en 1994 y la reducción de la contribución patronal; el descuento del 13 por ciento de los haberes en el 2000. A partir del 2003 por una moratoria se incorporan 2.400.000 nuevos jubilados y en 2008 se nacionaliza nuevamente el sistema jubilatorio, y se sanciona una ley de movilidad previsional.
Cuestiones a considerar
-La actual relación aportantes/beneficiarios es de 1,3-1,5 por cada jubilado (la ANSES paga poco menos de 6 millones de beneficiarios y recibe el aporte de algo más de 8 millones de trabajadores activos). Esta relación se va deteriorando en el tiempo y nada parece indicar que se pudiera recuperar. Tanto por avances tecnológicos como científicos la expectativa de vida a nivel mundial ha aumentado, por eso es que muchos especialistas en demografía sostienen que la edad jubilatoria podría extenderse hasta los 75 o más años, que serían equivalentes a los 65 que se establecieron en 1936, cuando la expectativa de vida era mucho menor. En nuestro país esto se acompaña con que la tasa de natalidad está bajando sistemáticamente. El resultado es que la pirámide etaria es cada vez más angosta en la base y más ancha en la cúspide.
-A nivel mundial, y por necesidades propias de la acumulación, el capital ha establecido un nuevo piso para la desocupación y el trabajo en negro. Puede ser que una acción más decidida del Estado logre reducir el trabajo no registrado pero no eliminarlo por completo. En cuanto a la desocupación todo indica que salvo un fuerte proceso inversor no es mucho lo que se logrará bajar del 10 por ciento actual. La elasticidad empleo/producto es hoy del orden 0,4 cuando en los primeros años de administración kirchnerista -merced a la gran capacidad instalada ociosa- llegó a ser del 0,85.
-Muchas empresas pagan el salario de convenio y luego un complemento en negro (los llamados "salarios grises") o sumas "no bonificables", otro tanto pasa en el Estado. Esto reduce tanto los aportes de los trabajadores como las contribuciones patronales.
Sí se puede
Más allá de disputas interburguesas o de mezquinos intereses electorales la iniciativa da una oportunidad para retomar el debate sobre una reivindicación histórica del movimiento obrero, debate en el que debieran involucrarse activamente las organizaciones sindicales, las comisiones internas y los cuerpos de delegados.
Según datos del propio ministro de Economía -anteriores al anuncio de aplicación de la ley de movilidad que lleva el mínimo a 1.091 pesos- elevar el piso jubilatorio al 82 por ciento del salario mínimo implicaría un gasto adicional de 22.000 millones de pesos que, según sus dichos, no se puede afrontar a riesgo de desfinanciar al Estado. Sin embargo si el gobierno nacional tomara la iniciativa de reestablecer las contribuciones patronales al nivel de 1994 -algo que la oposición de derecha no contempla- la recaudación se incrementaría según cálculos de especialistas en unos 17.000 millones de pesos. Si se pusiera mayor énfasis en combatir el trabajo en negro, blanqueando al menos una parte del mismo y también los salarios grises y otros pagos no bonificables, se obtendría una recaudación complementaria. Pero además están los intereses ganados por las colocaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por lo tanto hay financiamiento para llevar la jubilación mínima al nivel del 82% del salario mínimo, sin tener que liquidar ninguna inversión de la ANSES.
Más allá de la mínima
Sin embargo el debate no debiera quedarse aquí, aunque éste sea un punto de partida necesario dada la situación actual (El 72 por ciento de los beneficiarios percibe la jubilación mínima).
Resultado de una década de altas tasas de desocupación y de trabajo en negro, en no muchos años más una cantidad importante de trabajadores no podrá jubilarse aún teniendo la edad cumplida, ya sea por no tener los aportes correspondientes o no cumplir los años de servicios. El sistema deberá prever una Jubilación Universal al estilo de la Asignación por Hijo, pero que no podrá ser financiada por la ANSES, tampoco debiera serlo la cobertura a la niñez, por no tener una contrapartida en aportes, sino por una partida presupuestaria específica, que contemple ambas coberturas.
Esto plantea nuevos problemas de financiamiento. Por lo que la necesaria recuperación de la alícuota del 7 por ciento de la contribución patronal eliminada en 1994 deberá ser incrementada en un par de puntos, con vigencia al menos por una década, como forma de reparación parcial por la exacción de recursos propios de la administración previsional en beneficio del capital. Pero el punto central debe ser una profunda modificación de los criterios de la tributación en el país, lo que permitiría reconstituir los haberes jubilatorios y dar previsibilidad al sistema. Sería el comienzo de una verdadera política distributiva. Acompañada por devolverle a los trabajadores -activos y pasivos- la administración y control de la ANSES.
Hay un argumento de hierro: la productividad del trabajo entre 1936, cuando se fijaron los 65 años, y la actualidad se incrementó sustantivamente, el mayor beneficiario de ese incremento fue el capital y no el trabajo. Es obvio: la contribución del capital a la previsión social debe ser mayor a la actual.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
Fuente: Argenpress
